Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de instalaciones deportivas municipales. (consulta pública desde el 6 de septiembre de 2019 hasta el 26 de septiembre de 2019)

El Ayuntamiento de Calp tiene numerosas instalaciones deportivas municipales, y es por ello necesario tener un instrumento que regule el funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, teniendo en cuenta no solo aquellas actividades que pueda organizar el Ayuntamiento de Calp, como aquellas otras que puedan ser solicitadas por diversos colectivos, siempre que sean autorizadas por el Ayuntamiento.

La fundamentación jurídica de la presente ordenanza se encuentra fundamentalmente en las competencias que en esta materia atribuye a los municipios el artículo 7 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat Valenciana, del Deporte y de la Actividad Física de la Comunidad Valenciana, en relación con los artículos 4.1 a), 22, 25.2.m), 26.1.c) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 55 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local; y el artículo 50.3 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Las circunstancias arriba transcritas obligan a efectuar una regulación sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales. Así, mediante la Ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas municipales se pretende ordenar su uso, con los deberes y obligaciones tanto del Ayuntamiento como de los beneficiarios y usuarios.

La redacción de esta norma municipal busca fijar el régimen jurídico, la gestión, el uso y la utilización de las instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Calp.

El principio de seguridad jurídica hace conveniente acometer un desarrollo normativo que detalle y concrete el uso de la totalidad de las instalaciones deportivas municipales, sin perjuicio de que cada una de las instalaciones deportivas pueda contar con reglamento propio que regule las actividades y usos concretos de la instalación.

Modificación D-14: Suelos urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar. (consulta pública desde el 9 hasta el 30 de agosto de 2019)

El término municipal de Calp se halla conformado por una serie de relieves cuyas aguas predominantemente vierten a una llanura aluvial delimitada por el Barranc del Quisi y la antigua restinga de la playa de La Fossa, que da lugar a los primeros acantilados margosos en dirección a la vecina población de Moraira. Estos terrenos llanos, junto a las dos playas principales de la población, fueron delimitados urbanísticamente en cuatro sectores, ya urbanizados, con la consideración y cualidades de Suelo Urbano -se trata de los suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar- con una tipología común para los cuatro suelos de Edificación Abierta en Bloque (en adelante, BQ), si bien en los tres primeros se permite la Edificación Abierta Aislada (en adelante, AS), tipología que no es objeto de nuevas solicitudes de licencia de edificación dadas sus características menos favorables económicamente respecto al BQ.

De este modo estos sectores han sido receptores de la actividad urbanística ligada, en mayor medida, a la construcción de edificaciones para viviendas turísticas. Ambas actividades, la turística y la construcción, han sido y son capitales en el desarrollo económico del municipio de Calp, por ello no es extraño que, dado su dinamismo y afección sobre el territorio, sean objeto de debate continuo en la sociedad.

En este sentido, en los últimos años se han venido solicitando licencias de edificación en los ámbitos cercanos al litoral calpino que, ajustándose a la normativa urbanística vigente, han generado inmuebles con características diferentes a los que se habían construido con anterioridad. Así, bien sea por razones técnicas o por un diferente comportamiento del mercado, la imagen del municipio puede sufrir alteraciones -y, de hecho, las sufre- respecto aquella diseñada por el planificador en el momento de aprobación de los planes urbanísticos de esta zona. En todo caso, esta imagen se encuentra alejada de aquella que, dado el amplio debate suscitado, parece aceptarse por amplios sectores de la población.

Es pues, en este escenario, donde se pretende estudiar aquellos parámetros urbanísticos que dan como resultado la citada trama urbana.

Esta configuración de las edificaciones en relación con el citado modelo urbanístico original conduce a la necesidad de reflexionar sobre los elementos urbanísticos que la permiten. Por ello, dado que con la actual normativa se producen las mencionadas disfunciones entre las primeras edificaciones resultado de la planificación y las que vienen dándose como resultado de las últimas licencias otorgadas, se ha considerado que este es el momento oportuno, antes de que se culminen todos los suelos libres, o ante posibles prácticas sustitutorias de edificaciones existentes, de cambiar la normativa para evitar los citados problemas.

Los objetivos de la nueva regulación se centran en conseguir una homogeneidad entre aquello que se entiende como la pretensión del planificador y el resultado de la ejecución de las licencias para edificación ajustadas a la norma. En este sentido, se pretende revisar la normativa urbanística que le es de aplicación en aras a estudiar la aplicación de los parámetros urbanísticos.

Las soluciones alternativas al estudio de una nueva regulación urbanística solo pueden pasar por no proceder a dicho estudio. Así, la solución final -las alternativas a dicha solución- aparecerá durante el propio estudio. Únicamente no proceder a dicho estudio puede considerarse, en estos momentos iniciales, como una alternativa en sentido estricto.

De este modo, la alternativa de no estudiar la adopción de una nueva regulación urbanística supondría el mantenimiento de las condiciones actuales, es decir, de la problemática indicada en los anteriores apartados: edificaciones ejecutadas bajo el amparo de licencias ajustadas a la normativa actual que suponen una disfunción respecto a las pretensiones del planificador original, en el momento de aprobación de los planes urbanísticos de esta zona.

Propuesta de actuación: Modificación ordenanza circulación - regulación vehículos movilidad personal (VMP). (consulta pública desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 23 de agosto de 2019)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2016, acordó aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con Limitación Horaria, cuya publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 212 de fecha 4 de noviembre de 2016.

Dicha ordenanza ha sido objeto de múltiples modificaciones desde su entrada en vigor, la última de ellas mediante sesión plenaria, celebrada el día 11 de mayo de 2018, por la que se acordó aprobar inicialmente aquella nueva modificación, mediante la incorporación al texto de la misma del artículo 26.bis., relativo a la regulación y prohibición de estacionamiento de determinados vehículos, habiéndose aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018, publicándose su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 213, de fecha 8 de noviembre de 2018.

Así, la mencionada Ordenanza Municipal de Circulación alberga, entre su articulado, la regulación correspondiente al tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial; sin embargo, la aparición y proliferación de nuevos medios de transporte, denominados por la Dirección General de Tráfico como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y la ausencia, hasta el momento, de un espacio propio en las vías para su circulación, han puesto de manifiesto la necesidad de abordar la regulación de los mismos, en lo que respecta a su utilización, a fin de garantizar un uso adecuado de los espacios públicos por toda la ciudadanía, en condiciones de plena convivencia, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos y libertades individuales de cada persona en el seno de la sociedad vecinal, y tratando de dar solución a los nuevos retos planteados en el marco de la seguridad vial.

Las circunstancias arriba referidas, unidas a la ausencia de normativa sectorial específica al respecto, hacen conveniente efectuar una regulación sobre la utilización y circulación de los Vehículos de Movilidad Personal, de forma coherente con los criterios propuestos por la Dirección General de Tráfico, a través de la Instrucción 16/V-124.

No obstante, y habida cuenta de la existencia del proyecto de Real Decreto de medidas urbanas de tráfico, que implica una modificación parcial del Reglamento General de Circulación, y aborda la regulación de los VMP, la regulación local cuya elaboración se pretende, resultará coherente con lo previsto en aquel proyecto.

La base jurídica de la elaboración y aprobación, en su caso, de la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con Limitación Horaria, encuentra su antecedente, en primer lugar, en la autonomía municipal acuñada por nuestra Carta Magna en su artículo 137 y por la Carta Europea de Autonomía Local, en relación con las colectividades previstas en los artículos 140 y 141 de nuestra Constitución.

Por su parte, los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local recogen un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan establecer los tipos de infracciones, e imponer sanciones, por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local.

La regulación de la utilización de los Vehículos de Movilidad Personal busca favorecer la seguridad vial, y garantizar que la circulación de dichos vehículos se produzca en condiciones adecuadas y seguras, haciéndola compatible con los diferentes usos de la vía pública.

Se trata pues, de regular las condiciones generales de utilización de los VMP, conforme a la obligaciones de diligencia y precaución que deben cumplir las personas que los conducen, salvando posibles conflictos entre los diferentes modos de transporte en el ámbito urbano.

El Principio de Seguridad Jurídica, y su efectiva realización, hacen conveniente la plasmación de los extremos arriba referidos en un instrumento normativo como la ordenanza, entendiéndose que, cualquier alternativa implicará un menoscabo del principio mencionado.

Además, solo mediante ordenanza podrá acordarse la tipificación de infracciones y sanciones respecto de aquellas materias no abordadas por la normativa sectorial específica, tal y como recoge el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por otra parte, la única alternativa no regulatoria supondría no abordar la regulación que se pretende, la cual, tal y como se ha expuesto, resulta de vital importancia, habida cuenta de la realidad indiscutible en lo que respecta al desplazamiento de personas en el ámbito urbano.

Propuesta de actuación: Modificación D-13: Mejora ambiental y del patrimonio cultural de los Suelos Urbanos Manzanera I y II. (consulta pública desde el 26 de julio de 2019 hasta el 19 de agosto de 2019)

La exposición de motivos del Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL) marca como objetivo preservar “(…) los valores del litoral (…) dotando de mayor calidad al espacio urbano ya construido, lo cual permitirá satisfacer las demandas de determinados segmentos turísticos del litoral que, ante la gran competencia de escala mundial, valoran las características diferenciales e identitarias de los territorios y la presencia de espacios verdes y abiertos que permiten convivir con un paisaje de calidad en la primera línea del mar. Ello permite, además, desarrollar actividades recreativas complementarias a la modalidad tradicional del turismo de sol y playa, dentro de un mercado turístico cada vez más exigente por lo que respecta a un medio ambiente adecuado y unos paisajes de elevada calidad”.

En este sentido, los suelos urbanos Manzanera I y II presentan características que, además de alinearse con los objetivos del PATIVEL, aconsejan actuar para  preservar sus valores ambientales y culturales:

  1. En el ámbito territorial definido se encuentran varios edificios incluidos en el  Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calp  (PGOU-98), algunos de ellos con Nivel de Protección Integral.

  2. El día 21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación  y Medio Ambiente dictó Orden Ministerial por la que se otorgó al Ayuntamiento de  Calp la concesión de la ocupación de 2.247 m² de dominio público marítimo  terrestre con destino a la rehabilitación del Club Social, pasarela de acceso al  mismo y escollera de protección.

  3. El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 de agosto de 2014 adoptó el  acuerdo de solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Club  Social la Manzanera, Edificio Xanadú y Edificio la Muralla Roja.

  4. Existencia de una licencia concedida con fecha 15 de diciembre de 1.986, no  ejecutada (Expte. 6/86).

  5. Existencia de varias parcelas dotacionales sin desarrollar.

  6. En la actualidad quedan sin desarrollar varios espacios verdes con alto valor  paisajístico y ambiental.

  7. Necesidad de concreción de usos y limitaciones del Espacio Libre de Uso  Privado.

  8. Necesidad de concreción de parámetros que definan y permitan valorar el nivel  de protección ambiental (adaptación al ambiente estético del sector). Definición de  las características del ambiente estético del sector.

Dadas dichas características, en unos sectores cuya ordenación procede de los años 60, se considera que la consecución de los referidos objetivos es posible en el ámbito de los suelos urbanos Manzanera I y II mediante el estudio de sus características y la adaptación de los usos permitidos a los planes urbanísticos municipales y supramunicipales.

Los objetivos de la nueva regulación se centran en la protección de aquellos valores ambientales, paisajísticos y culturales que presentan los entornos urbanos afectados. Para ello se pretende revisar la normativa urbanística que le es de aplicación  en aras a estudiar los usos de las parcelas que restan sin edificar.

Las soluciones alternativas al estudio de una nueva regulación urbanística solo pueden pasar por no proceder a dicho estudio. Así, la solución final - las alternativas a dicha solución - aparecerá durante el propio estudio. Únicamente no proceder a dicho estudio puede considerarse, en estos momentos iniciales, como una alternativa en sentido estricto.

De este modo, la alternativa de no estudiar la adopción de una nueva regulación urbanística supondría el mantenimiento de las condiciones actuales, es decir, de la problemática indicada en los anteriores apartados: parámetros urbanísticos procedentes de una planificación de la década de los 60, indefinición de las características del ambiente estético del sector y la necesidad de concreción de parámetros que definan y permitan valorar el nivel de protección ambiental, usos y limitaciones del Espacio Libre de Uso Privado no concretados, espacios de interés ambiental y paisajístico sin ejecutar todavía que pueden, por su calificación, ser edificados, etc.

Propuesta de actuación: Nueva ordenanza reguladora del precio público y de la prestación del servicio de talleres de la escuela infantil en los periodos de Pascua, verano y Navidad. (consulta pública desde el 25 de julio de 2019 hasta el 16 de agosto de 2019)

En la actualidad ya se viene gravando mediante precio público la prestación del servicio de talleres que se realizan en la Escuela infantil municipal durante los períodos comprendidos en Pascua, verano y Navidad en virtud del acuerdo que anualmente se adoptan ya sea en Junta de Gobierno, de conformidad con lo preceptuado en este sentido por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


A pesar de ello se ha considerado que la forma mas conveniente de regular este servicio de talleres de la escuela infantil que presta el Ayuntamiento es mediante la aprobación de una ordenanza reguladora del precio público en la que además de regular éste precio público, se regulen el resto de aspectos de tipo procedimental que son necesarios para la prestación de dicho servicio.

Con la aprobación de esta ordenanza reguladora del precio público se pretende regular de forma definitiva este precio público (así como el resto de aspectos procedimentales relacionados con la prestación del servicio), y evitar así la necesidad de que anualmente tenga que adoptarse un acuerdo municipal para establecer el precio público.


Al mismo tiempo se pretende adecuar y actualizar los distintos importes del precio público al coste real y efectivo que le supone al Ayuntamiento la prestación de este servicio ya que se efectuará un informe técnico-económico para el cálculo de los importes del mismo.

Como se ha expuesto anteriormente la alternativa regulatoria existente sería continuar como hasta ahora, mediante la aprobación anual de un acuerdo municipal en el que se apruebe el precio público. No obstante se considera que resulta más eficiente aprobar una ordenanza reguladora del precio público definitiva para evitar éste tipo de expediente anual.

Propuesta de actuación: Oferta de suelo calificado para la promoción de un programa social de vivienda plurifamiliar, de iniciativa pública y privada y destinado preferentemente al alquiler a precios económicamente asequibles (consulta pública desde el 6 hasta el 27 de marzo)

La disposición de vivienda protegida a precio acorde a las demandas sociales de rentas familiares medias y bajas ha experimentado una drástica caída a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, en España, desde la década de los 70 hasta el último tercio de los 2.000 se producían una ratio media de 65.000 viviendas protegidas por año. Sin embargo, a partir de la crisis (del año 2.008) la producción de Vivienda Protegida se ha desplomado drásticamente a unas escasas 4.000 unidades (3.500 en el 2.018). Esta circunstancia ha ocasionado que la demanda ciudadana más débil se haya desplazado al alquiler. Además, dada la escasez de oferta existente de este producto en el mercado, el crecimiento de la demanda ha coadyuvado a una elevación desproporcionada del precio de los arrendamientos, lo que ha dificultado aun más el derecho constitucional al uso y disfrute de una vivienda digna.

Obviamente, la Comunidad Valenciana no podía ser ajena a este precario escenario socio-urbanístico y, consecuentemente, el municipio de Calp tampoco podía ser ajeno al mismo, más aún cuando la demanda turística influye adicionalmente en la precarización de este mercado de vivienda a precio asequible destinada a las familias de rentas medias y bajas.

Por ello, se hace necesaria y perentoria la disposición de una oferta de suelo suficiente y dotada de calificación urbanística adecuada para la promoción de este tipo de Vivienda Protegida en el Municipio de Calp, debiendo contemplar las modalidades de producción inmobiliaria, tanto de iniciativa pública como privada, así como las aplicables a su destino de puesta en el mercado, sea en régimen de venta como de alquiler.

En virtud de lo anterior, se contrataron los servicios de un experto en la materia como es el Arquitecto Urbanista Gerardo Roger y, tras varias sesiones de trabajo, este ha formulado la siguiente propuesta de actuación:

Propuesta de actuación: Oferta de suelo calificado para la promoción de un programa social de vivienda plurifamiliar, de iniciativa pública y privada y destinado preferentemente al alquiler a precios económicamente asequibles

Resulta evidente de la propuesta formulada que Calp precisa dar respuesta a la promoción de un programa social de vivienda plurifamiliar, de iniciativa pública y privada, destinado preferentemente al alquiler a precios económicamente asequibles. La oportunidad de dicha modificación viene reforzada tanto por la Ley Estatal de Suelo como por la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de nuestra comunidad en su nueva versión, donde la mirada ya no se dirige a la ocupación de nuevos suelos, sino a la transformación de los suelos existentes mediante la regeneración y renovación de los mismos.

Propuesta de actuación: Oferta de suelo calificado para la promoción de un programa social de vivienda plurifamiliar, de iniciativa pública y privada y destinado preferentemente al alquiler a precios económicamente asequibles

En primer lugar, resulta necesario proceder a una modificación del actual Plan General para dar respuesta a la problemática planteada. No obstante la propuesta de actuación se configura como un primer borrador susceptible de aportaciones, modificaciones y sugerencias que hagan más rica y adecuada la solución que finalmente resulte adoptada, ya que la opción de no adoptar medida alguna supone, sin género de duda alguno, continuar sin dar respuesta a una carencia constatada por los diferentes agentes sociales.

Modificación de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente urbano (consulta pública desde el 22 de febrero hasta el 14 de marzo)

La tala de árboles ha estado regulada en el término municipal de Calp desde hace años. Así, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana aprobadas en 1998 contemplan, en su artículo 76.4, la compensación mediante plantación del doble de los árboles que se talen. La Ordenanza de protección del medio ambiente urbano, desde su primera versión de 2002 recogía la misma proporción 2 a 1 para la sustitución de ejemplares talados.

Esta tasa, así como el sistema de compensación, fue modificada en 2014 mediante la reserva en establecimientos dedicados a la venta de especies de jardín de aquellas especies indicadas en el anexo de la citada Ordenanza de protección del medio ambiente urbano.

En un paso más en este sentido, se pretende modificar y completar la normativa para que la conservación del entorno natural sea mayor fijando una tasa de compensación por la construcción de viviendas. De este modo, por cada vivienda construida se propondrá la entrega al Ayuntamiento de Calp de un determinado número de plantas en función del tipo de inmueble.

Del mismo modo, en aras a una mayor efectividad de las plantas cedidas, la relación de especies y sus correspondientes tamaños será fijado por el alcalde o concejal en quien delegue mediante resolución que será hecha pública por los cauces adecuados, eliminando así la rigidez que supone mantener el listado en el texto de la norma.

Por otra parte, se pretende regular el régimen sancionador para aquellos casos de infracciones cometidas por menores de edad donde el componente monetario pierde importancia dada su dependencia económica.

La adopción de medidas de compensación por vivienda construida, si bien no está sujeta a límite de plazo normativo o estacionalidad, no debería dilatarse dado el beneficio que, respecto a la preservación del medio ambiente urbano, presenta.

La misma consideración puede hacerse sobre la regulación del régimen sancionador a aplicar a menores de edad.

El sector de la construcción genera unas emisiones de CO2 a la atmósfera cuya reducción en origen es difícil de controlar desde la Administración local dada la cantidad de variables - utilización de materiales, técnicas, etc.- sin embargo sí se puede actuar sobre la captación de CO2 utilizando los árboles como sumideros. En este sentido, tal y como se indicaba en la exposición de motivos de la modificación de la Ordenanza de protección del medio ambiente urbano realizada en 2014, la plantación de árboles supone una aportación a la reducción de las emisiones en aras a lograr el objetivo de reducción de emisiones fijado en el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) aprobado en 2011.

Son objetivos de esta norma, por tanto, la reducción de emisiones de CO2, mediante la obligación a aquellos que construyan nuevas edificaciones, de cesión de una cantidad determinada de ejemplares de árboles que se establezca por el Ayuntamiento de Calp.

Además, en relación con la comisión de las faltas recogidas en la Ordenanza, que sean cometidas por una persona menor de edad y estén sancionadas con una multa económica, se propone que puedan ser computables por trabajos en beneficio de la comunidad los cuales serán determinados por el órgano competente.

En consonancia con la técnica normativa de Unión Europea, la cual está legislando en materia ambiental considerando una referencia habitual las emisiones de CO2 a la atmósfera y estimando que la alternativa de mantener la ordenanza aprobada supone dejar en vigor una norma municipal anterior a una serie de normativa que, de forma más o menos directa, ha regulado sobre la materia, se considera imprescindible emprender la reforma que se viene tratando.

La lógica legislativa aconsejaría, de este modo, la adaptación de la ordenanza a los nuevos parámetros normativos y técnicas disponibles aparecidos últimamente que van encaminados a una preservación concienciada de los recursos naturales.

Se ha considerado,así, que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es aprobar esta nueva Ordenanza actualizando, ampliando y completando la Ordenanza hasta ahora en vigor.

Nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios por la perrera municipal (consulta pública desde el 22 de febrero hasta el 14 de marzo)

En la actualidad en este Ayuntamiento ya se grava la prestación de servicios que se prestan por parte del SPRA del Ayuntamiento de Calp a los propietarios de perros y que o bien lo solicitan a instancia de parte o se le prestan de oficio, pero estos supuestos están incluidos en la actual Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y fiscalidad de animales de compañía y potencialmente peligrosos (cuya última publicación se produjo en el BOP nº 250 de 31/12/2010).

No obstante, se propone derogar el capítulo referido a la fiscalidad de la ordenanza mencionada anteriormente y aprobar una nueva ordenanza que regule exclusivamente la tasa que se exige por la prestación de estos servicios por el Ayuntamiento, ya que en virtud del principio de eficacia se considera por parte de los técnicos municipales más conveniente que existan dos ordenanzas diferentes: una que regule el régimen de funcionamiento y otra ordenanza exclusivamente fiscal.

Con la aprobación de esta nueva ordenanza se pretende mejorar y actualizar el actual contenido fiscal de la ordenanza existente ya que está previsto incluir en la nueva ordenanza sólo la tasa para los servicios que verdaderamente se prestan por parte del SPRA, excluyendo otros servicios que no se prestan.

Al mismo tiempo, se pretende adecuar el importe de la cuotas al coste real que supone la prestación de este tipo de servicios por parte del Ayuntamiento a los propietarios de perros.

Los técnicos municipales han considerado que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es aprobar ésta nueva ordenanza diferenciándose de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y fiscalidad de animales de compañía y potencialmente peligrosos.

Nueva ordenanza sobre administración electrónica y acceso electrónico de los ciudadanos al Ayuntamiento de Calp (consulta pública desde el 19 de febrero hasta el 11 de marzo)

La Ley 11/2007 sobre Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos fue en su momento una apuesta ambiciosa que obligaba a habilitar el acceso por medios electrónicos a la información así como a los procedimientos administrativos relacionados con la prestación de servicios que se exige desde el derecho comunitario, en concreto, a través de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y que, a partir del 31 de diciembre de 2009, todas las administraciones deberían haber puesto en marcha, medidas para que la e-administración fuese una realidad.

El Ayuntamiento de Calp atendiendo al plan de modernización de las administraciones públicas encaminado a generar estructuras más eficientes para hacer efectiva la gestión de los procesos administrativos por medios electrónicos tiene aprobada en la actualidad la Ordenanza municipal para el impulso de la administración electrónica y la regulación del uso de medios electrónicos en la administración municipal.

Se pretende actualizar la normativa en vigor, dados los adelantos tecnológicos que han surgido, aproximando así la tramitación de los procesos administrativos electrónicos a los ciudadanos velando por sus derechos e intereses.

Si bien la solución al problema puede efectuarse en cualquier momento, sin estar sujeta a límite de plazo normativo o estacionalidad, no es aconsejable dilatar el inicio de la modificación de la normativa puesto que responde al cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público como son, entre otros, la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

Son objetivos de esta norma que el Ayuntamiento de Calp actualice su ordenanza de administración electrónica ofreciendo a los ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información y tecnológica tiene, así como el impulso para un mejor servicio a los interesados. Para ello se pretende introducir modificaciones que faciliten al ciudadano su relación con el Ayuntamiento de Calp mediante trámites sencillos, posibilidad de comunicar a la administración días de ausencia, etc.

La alternativa de mantener la ordenanza aprobada en el año 2008 supone dejar en vigor una normativa municipal anterior a una serie de normativa que, de forma más o menos directa, ha regulado sobre la materia.

La lógica legislativa aconsejaría, por tanto, la adaptación de la ordenanza a los nuevos parámetros normativos y técnicas disponibles aparecidos en los últimos diez años.

Se ha considerado, de este modo, que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es aprobar esta nueva ordenanza actualizando, ampliando y completando la ordenanza hasta ahora en vigor.

Nueva ordenanza reguladora de la prestación de carácter patrimonial no tributaria relativa a la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado (consulta pública desde el 8 hasta el 30 de octubre)

El Ayuntamiento de Calpe tiene aprobadas en la actualidad la “Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable” y la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado”.

Ambos servicios son de carácter coactivo y se prestan de forma indirecta mediante una sociedad de economía mixta.

La nueva legislación hace necesaria la aprobación de una nueva “Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria relativa a la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado”.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

raíz de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se modificaron determinados preceptos de la normativa tributaria, creando una nueva figura legal denominada Prestación Patrimonial de carácter no tributario.

Pues bien, para entender la creación de dicha contraprestación debemos partir del debate surgido durante años entorno a la naturaleza jurídica del importe que perciben los usuarios por servicios prestados de manera indirecta a través de concesionario, así como de los prestados de forma directa, a través de una personificación privada.

Así visto, el espíritu que persigue la creación de dicha nueva figura es poner fin a la discusión sobre la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa de estos, a través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de concesionarios, denominadas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

A estos efectos, se le ha dado una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva letra

Las características de dichas nuevas prestaciones PATRIMONIALES DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO SON:

  • De exacción obligatoria para los usuarios.
  • Tienen el carácter de Público.
  • Se imponen coercitivamente.
  • Están sujetas al principio de reserva de Ley, requiriéndose Ordenanza para su imposición.
  • No son tributarias.

Así las cosas, y en lo que se corresponde con el procedimiento para tramitar este expediente administrativo el último párrafo del apartado 6 del artículo 20 del TRLRHL dispone lo siguiente: «Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas».

La redacción de esta norma municipal busca redactar ordenanzas de conformidad a la normativa en vigor.

El principio de seguridad jurídica hace conveniente aprobar la Ordenanza que se propone.

Nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad administrativa para el otorgamiento de las licencias de parcelación y segregación (consulta pública desde el 21 de septiembre hasta el 15 de octubre)

En la actualidad ya se grava la actividad administrativa consistente en la actividad administrativa para el otorgamiento de las licencias de segregación y parcelación en éste Ayuntamiento pero éste supuesto está incluido en la existente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicios urbanísticos administrativos (cuya última publicación se produjo en el BOP nº 131 de 11/7/2014).

No obstante, se propone extraer el supuesto de las licencias de segregación y parcelación de dicha ordenanza ya que se considera que el hecho imponible que éstas representan tiene una entidad propia y diferenciada que necesita un tratamiento diferente al de los otros supuestos que se incluyen en la ordenanza mencionada anteriormente.

Con la aprobación de ésta nueva ordenanza se pretende mejorar la eficacia de ésta Ordenanza facilitando el procedimiento de gestión de la tasa tanto para los usuarios como para el propio Ayuntamiento agilizando los procedimientos y evitando complicaciones en el cálculo de la misma para lograr la satisfación de los usuarios.

Al mismo tiempo se pretende adecuar el importe de la cuota al coste real de la prestación de la actividad por parte del Ayuntamiento y sobretodo diferenciar el tipo de cuota tributaria de las licencias de segregación y parcelación del de otros supuestos como son la tasa por licencias urbanísticas que se calculan de forma diferente ya que mientras que la tasa por licencias de segregación y parcelación la cuota consiste en una cuota fija, en el caso de la tasa por licencias urbanísticas se aplica un tipo de gravamen a la base imponible.

Los técnicos municipales han considerado que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es aprobar ésta nueva Ordenanza diferenciando de la Ordenanza anterior éste tipo de licencias mediante la aprobación de una nueva Ordenanza.

Modificación puntual del PGOU de Calp para la ejecución del complejo inmobiliario urbanístico en parcela dotacional localizada en C/ Teulada, 2 (consulta pública desde el 30 de agosto hasta el 19 de septiembre)

1.- El día 20 de enero de 2015 la Mercantil Altamira Santander Real Estate S.A. solicitó la expropiación del solar situado en calle Teulada número 2 de Calp. El día 17 de marzo de 2016 mediante escrito registrado en el Ayuntamiento con fecha  21 de marzo de 2016 presentó hoja de aprecio de dichos terrenos.

2.- Mediante resolución de la Señora Concejala Delegada de Protección del Territorio del día 7 de abril de 2016, se inadmitió el escrito de 21 de marzo de 2016 por no haber transcurrido los plazos legalmente fijados en el art. 104 de la LOTUP.

3.- Mediante escrito de la Señora Concejala Delegada de 20 de abril de 2017 se le comunicó a la Mercantil Altamira Santander Real Estate S.A. que a pesar de la publicación de la Ley 13/206 de la Generalitat suspendió el plazo fijado en el art. 104 de la LOTUP hasta el día 31 de diciembre de 2018 este Ayuntamiento continuaba interesado en encontrar algún tipo de solución amistosa que permitiese la resolución de la situación planteada.

4.- El día 12 de junio de 2017 por el Jefe del Área se emitió informe sobre la necesidad de contratación de una asistencia técnica para la redacción de modificación del planeamiento para la constitución de un complejo inmobiliario de carácter urbanístico.

5.- El Ayuntamiento de Calp, mediante Decreto número 2017/3901 de 24 de noviembre y tras la aplicación del correspondiente procedimiento administrativo, procedió a contratar los servicios técnicos urbanísticos de D. Gerardo Roger Fernández para formular una modificación del Plan General con la finalidad de constituir una actuación de dotación en régimen de complejo inmobiliario a emplazar en la parcela sita en la calle Teulada n.º 2.

6.- Con el fin de garantizar una solución favorable para la propuesta que se pretendía llevar a cabo, la Comisión Informativa Especial Baños de la Reina, compuesta por todos los miembros de la Corporación, el día 13 de abril de 2018,  acordó por unanimidad efectuar consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje.

7.- El día 29 de mayo de 2018 se recibió contestación favorable del Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de la  Dirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Conselleria.

El objetivo de la modificación del Planeamiento General del Municipio es la constitución de un Complejo Inmobiliario mediante una Propuesta de Modificación tanto por el Equipamiento EDR-EEC establecido como un uso de Dominio Público por el Plan a la Parcela (correspondiente a los 5.900 m2s Dotacional, incluida la posibilidad de destinar parte a espacios libres públicos de relación social, v.gr. una Plaza), como por el uso de Dominio Privado Hotelero (y complementario de Oficinas) correspondiente al incremento de aprovechamiento atribuido (12.390,00 m2t) y la reserva Dotacional adicional (correspondiente a los 875 m2s) derivada de la edificabilidad privativa atribuida, uso también de Dominio Público, evitando de este modo la aplicación de la técnica de la expropiación rogada.

Se completará el Complejo con la previsión de Aparcamientos de Dominio Privado (los reglamentariamente necesarios que se deriven de la nueva edificabilidad Hotelera y Terciaria) a localizar en la segunda Planta de Sótano, y una oferta de Aparcamientos de Dominio Público derivados no sólo de las edificaciones Dotacionales de la actuación, sino como Aparcamientos públicos de Rotación para satisfacer la demanda social de acceso a la Playa y a los servicios de Costa a localizar en la primera planta de Sótano.

Por el Redactor contratado por el Ayuntamiento, en base a los antecedentes que se han señalado,  se han formulado las siguientes alternativas de actuación:

El suelo objeto de este documento de Modificación (en adelante “la Parcela”) se encuentra localizada en la C./ Teulada Nº 2 del Municipio de Calpe, suelo que en la actualidad dispone de la siguiente situación jurídico-urbanística:

- Parcela integrada en el vigente Plan General de Calpe, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en su sesión de 28/07/98 (B.O.P. Nº 240 de 21/octubre/1998).

- Parcela de superficie 5.900 m2s, vacante de edificación alguna y de morfología levemente trapezoidal, delimitada por las calles Teulada, Castellón, Alfaz del Pi y Benitachell.
- Parcela que se encuentra clasificada urbanísticamente como “Suelo Urbano Ifach” originario del desarrollo y ejecución urbanizadora del antiguo Plan Parcial PP-2.
- Parcela que se encuentra calificada urbanísticamente como Equipamiento Deportivo-Recreativo y Educativo-Cultural, identificándose con las siglas “EDR-EEC”, con las determinaciones establecidas en el Plan General vigente, en su “Artículo 13.- Equipamientos o Dotaciones”, dotado del siguiente contenido:

1). Se califican como equipamientos los suelos e instalaciones de titularidad pública, incluso con concesiones administrativas, destinados a actividades de mejora de la salud física y psíquica de los ciudadanos.

2) Los usos pormenorizados que pueden tener cabida dentro de la denominación genérica de equipamiento son: docente, deportivo, sanitario, asistencial, religioso, social, cultural, administrativo y mercado.

3) Si alguna de las actividades citadas en el apartado anterior fuese de titularidad privada, y por ello no calificada como equipamiento en este Plan General, se considerará como uso terciario, en cuanto que su actividad estriba en la prestación de servicios. Los edificios destinados al culto religiosa tendrán la consideración de equipamientos, aunque su titularidad no sea pública.

La Parcela ha estado sometida a diversos procedimientos jurídico-administrativos con diferentes finalidades que, en cualquier caso, han sido ultimados por sentencias judiciales, encontrándose en la actualidad constituida como una Actuación Aislada en Suelo Urbano, con la clasificación y calificación urbanística de Dotación pública ya señalada y susceptible de ser sometida, como una de las alternativas jurídico-urbanísticas posibles, a un expediente de “expropiación rogada” por parte de su actual titular, “Altamira Santander Real Estate, S.A”.

Ante la situación creada y con respecto a las alternativas jurídico-urbanísticas que dispone la Administración para obtener con destino al dominio público el suelo de la Parcela y, adicionalmente, satisfacer los legítimos derechos que corresponden a los titulares de la misma, procede señalar las dos opciones siguientes:

a) Aplicación de la expropiación forzosa, bien por iniciativa municipal, bien a instancias de su titular mediante la denominada “expropiación rogada” (expropiación por imperio de la ley) en virtud de la regulación establecida en el artículo 104 de la LOTUP.
    b) Modificación del Plan General que partiendo de la Parcela como una Actuación Aislada (así lo es de facto), se constituiría sobre ella una Actuación de Dotación en régimen de Complejo Inmobiliario integrada por la coexistencia de un Equipamiento afectado al dominio público, el EEDR-EEC, con otro uso de dominio privado, como por ejemplo un grupo de Viviendas a implantar en sus plantas superiores y cuyo valor equivalga, como mínimo, al Coste de Expropiación de la parcela originaria.
Obviamente, la Actuación se complementaría con las Dotaciones públicas derivadas de la atribución de este nuevo aprovechamiento privativo y lucrativo, constituyéndose toda la edificación público-privada en un concreto Complejo Inmobiliario en los términos establecidos en el artículo 26.5 del TRLS/15 y artículo 101.2 de la LOTUP y cuya ejecución se basaría en la normal aplicación del viejo principio básico del Sistema Urbanístico Español de Reparto de Cargas y Beneficios, en vez de tener que recurrir a la aplicación singular de la institución expropiatoria, técnica que conlleva inevitablemente costes sociales, así como elevados costes económicos a menudo insostenibles para las arcas públicas.
En este punto procede señalar que sólo resultaría aplicable el deber de participación pública en las plusvalías al incremento de aprovechamiento cuyo valor económico superase al valor expropiatorio de la Parcela originaria.

Por otro lado, el artículo 104 citado de la LOTUP, en su apartado 1 prescribe que la solicitud de la “expropiación rogada” sólo procedería cuando no resulte “posible la justa distribución de beneficios y cargas en el correspondiente ámbito de actuación, continuo o discontinuo”, condición que, en principio, no se da en esta Actuación Edificatoria al resultar posible la constitución de una Actuación de Dotación en régimen de Complejo Inmobiliario.

En resumen, como conclusión de lo expuesto y considerando que la segunda opción se adecua con mayor rigor a las bases del Sistema Urbanístico Español y a las prescripciones de la LOTUP, procede formular esta Propuesta de Modificación del PGOU para la constitución de una Actuación de Dotación en régimen de Complejo Inmobiliario en la Parcela,

 

Ordenanza fiscal de la tasa de licencia de ocupación (consulta pública desde el 2 hasta el 24 de agosto)

Con fecha 27 de septiembre de 2001 entró en vigor definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de la cédula de habitabilidad con su publicación en el BOP nº 214 de ese día. No obstante la última modificación de dicha Ordenanza se publicó en el BOP nº 250 de 31 de diciembre de 2010.
Los técnicos municipales plantean modificar ésta Ordenanza con el objetivo, entre otros, de sustituir el sistema de liquidación por el de autoliquidación de la tasa por una parte y el de cambiar el mecanismo para el cálculo de la cuota a través de los metros cuadrados por el de una cuota fija. Además de éstas dos cuestiones mas importantes se plantean otras modificaciones de menor importancia para actualizar la misma.

Se pretende mejorar la eficacia de ésta Ordenanza facilitándo el procedimiento de gestión de la tasa tanto para los usuarios como para el propio Ayuntamiento agilizando los procedimientos y evitando complicaciones en el cálculo de la misma para lograr la satisfacción de los usuarios. Al mismo tiempo se pretende adecuar el importe de la cuota al coste real de la prestación de la actividad por parte del Ayuntamiento.

Los técnicos municipales han considerado que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es modificar ésta Ordenanza en los puntos enumerados en los párrafos anteriorres, y asimismo plantean una modificación del título de la misma.

Ordenanza fiscal de la tasa por licencia de actividades ambientales (consulta pública desde el 2 hasta el 24 de agosto)

Considerando la intención de esta Corporación de modificar la citada Ordenanza con el objetivo (entre otros) de implantar el sistema de autoliquidación (en lugar del de liquidación previa y posterior que existe en la actualidad), así como simplificar el mecanismo para el cálculo de la tasa estableciendo una cuota tributaria fija y que no dependa del cálculo a través de ninguna variable.
Asimismo se hace necesario adaptar ésta Ordenanza a la existencia de nuevos supuestos como son la declaración responsable y la comunicación previa entre otros (es por ello que también se modifica el título de dicha Ordenanza).

Se pretende mejorar la eficacia de esta Ordenanza facilitando el procedimiento de gestión de la tasa tanto para los usuarios como para el propio Ayuntamiento agilizando los procedimientos y evitando complicaciones en el cálculo de la misma para lograr la satisfacción de los usuarios.
Al mismo tiempo se pretende adecuar el importe de la cuota al coste real de la prestación de la actividad por parte del Ayuntamiento para que el importe de la recaudación no supere el del coste generado para cumplir con el principio de equivalencia.

Los técnicos municipales han considerado que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es modificar ésta Ordenanza en los puntos enumerados en los párrafos anteriorres, y asimismo plantean una modificación del título de la misma.

Ordenanza Reguladora del Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece como principios de actuación de las Administraciones Públicas, entre otros, la Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y la Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

Por otra parte, en la exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indica que, en los últimos años, “(…) se ha ido avanzando en la mejora de la producción normativa («Better regulation» y «Smart regulation»). Los diversos informes internacionales sobre la materia definen la regulación inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir cargas administrativas.”

Carga administrativa innecesaria para la ciudadanía solicitándose documentos que no son imprescindibles para la tramitación de los respectivos expedientes.

Dificultades para la ciudadanía en la elección del trámite adecuado. Retrasos en la tramitación por tener que subsanar errores en dicha elección.

Retrasos en trámites que, en teoría, son sencillos.

Si bien la solución al problema puede efectuarse en cualquier momento, sin estar sujeta a límite de plazo normativo o estacionalidad, la entidad de los problemas que se pretenden solucionar aconseja no dilatar el inicio de la modificación de la normativa.

Ello dado que la modificación afecta plenamente a dos de los principios generales de la actuación de la Administración Pública. Dos de los principios que más impacto pueden tener en la ciudadanía.

Se pretende, por tanto, atender a los principios citados y participar activamente en la denominada “regulación inteligente” persiguiendo:

  • Hacer transparentes los procedimientos.
  • Aligerar y simplificar la carga administrativa que deben afrontar la ciudadanía.
  • Disminuir el tiempo de trámite de los expedientes afectados.

 

Frente a esta nueva regulación podría aducirse su innecesariedad aumentando recursos, creando manuales de instrucciones, esquemas, etc.

Se podría considerar, del mismo modo, que los tiempos son correctos o que la ciudadanía no se encuentra sometida a cargas burocráticas innecesarias.

Ninguna de estas alternativas supondría un paso innovador en la gestión administrativa de los procedimientos afectados por la modificación de la ordenanza. Alguna de ellas, incluso, supondría un gasto frente al ahorro que se pretende conseguir con la simplificación administrativa propuesta.

Ordenanza reguladora de las autorizaciones para la entrada y salida de vehículos a través de las aceras y vías públicas (vados)

Documentación.

(consulta pública desde el 17 de abril hasta el 8 de mayo)

Ordenanza reguladora del uso del Campus d'Excel·lència empresarial Casa Nova

Documentación.

(consulta pública desde el 29 de marzo hasta el 20 de abril)

Ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas municipales

Documentación.

(consulta pública desde el 29 de marzo hasta el 20 de abril)

Modificación de la Ordenanza municipal de circulación con regulación del estacionamiento con limitación horaria

Documentación.

(consulta pública desde el 29 de marzo hasta el 20 de abril)

Modificación Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Documentación.

(consulta pública desde el 15 de mayo hasta el 2 de junio)

Ordenanza reguladora del uso de la marca turística de Calp

Documentación.

(consulta pública desde el 9 hasta el 29 de mayo)

Ordenanza para el Régimen y Gobierno en la Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal de Calp

Documentación.

(consulta pública desde el 28 de febrero hasta el 20 de marzo)

Ordenanza General de Subvenciones y Plan Estratégico de Subvenciones

Documentación.

(consulta pública desde el 3 hasta el 23 de marzo)

Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público

Documentación.

(consulta pública desde el 6 hasta el 24 de marzo)