La transparencia además de dotar a la ciudadanía de un sistema de control, conocimiento y vigilancia sobre la actividad de las administraciones públicas y sus entes dependientes, facilita la participación cotidiana de los ciudadanos en las cuestiones de interés general, pilar básico de nuestro bloque de constitucionalidad, artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española, y de normas internacionales de obligada referencia en este ámbito como la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21.1, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25.a o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.